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| Foto: Alexis Cárcamo. |
Por Héctor Areyuna.
Por primera vez la sociedad civil testimonió ante el Consejo de Transparencia para solicitar la publicación de un convenio secreto entre Aguas Andinas y Aes Gener sobre la construcción de la central hidroeléctrica Alto Maipo, que podría permitir el funcionamiento de un megaproyecto, poniendo en riesgo el agua potable para la Región Metropolitana. Además, también es la primera vez que dos de los cuatro miembros del consejo, incluyendo a su presidente, Alejandro Ferreiro, se inhabilitan por conflictos de interés, lo que según dirigentes pondría en entredicho la ley sobre transparencia en organismos del Estado.
Un grupo de activistas expusieron ante los representantes del Consejo de Transparencia para solicitar al organismo que falle para dar a conocer los contenidos de un convenio secreto firmado entre Aguas Andinas y la empresa Aes Gener, por la construcción de la central hidroeléctrica Alto Maipo.
Según explicaron los representantes de la coordinadora ciudadana Ríos del Maipo, el acuerdo se firmó el 2011 con una duración de 40 años, y posibilitaría el funcionamiento de un megaproyecto hidroeléctrico, pese a que el proyecto original sólo se refiere a centrales de pasada, es decir, de menor tamaño.
En ese sentido, el ingeniero hidráulico Jack Stern afirmó que, de ser así, estaría en peligro el uso de agua potable de las fuentes en cuestión, por lo que remarcó la necesidad de un pronunciamiento favorable por parte del Consejo.
“Son argumento técnicos muy claro que muestran de que si este convenio es como nosotros creemos que es entonces se pone en riesgo la continuidad del servicio de agua potable para el Gran Santiago y la calidad del servicio de agua potable. Por eso, estamos pidiendo conocer este convenio para certificar que efectivamente se han cautelado los intereses del agua potable, que de acuerdo a nuestros estudios que llevan varios años y muchos profesionales involucrados en estos estudios demuestran exactamente lo contrario”, explicó el Jack Stern.
Lo que sostiene la coordinadora ciudadana, según su abogado y ex director general de aguas, Rodrigo Weisner, es que los actos y resoluciones de órganos como Aguas Andinas son públicos y toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier miembro del aparato estatal.
De esta manera, y desde la perspectiva de los reclamantes, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, encargada de la fiscalización de la concesionaria Aguas Andinas tiene la obligación de dar a conocer el convenio, ante la inexistencia de una ley que permita mantenerlo secreto.
Pero por otro lado, la coordinadora ciudadana destacó que es la primera vez en que la sociedad civil hace uso de la legislación sobre transparencia de organismos del Estado, pero mostrando dudas también por la inhabilitación de dos miembros del Consejo, por conflictos de interés, el presidente Alejandro Ferreiro y José Luis Santa María.
Respecto de lo que está en juego en este caso, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, dijo que “hay dos elementos muy fundamentales: Se trata de la primera vez que la sociedad civil va directamente a testimoniar frente al Consejo de Transparencia y que por primera vez la mitad del Consejo de Transparencia tuvo que inhabilitarse. Esto pone en jaque lo que ocurra realmente con la ley de probidad en Chile, porque si realmente estamos en estas circunstancias y vamos a ver qué ocurre hoy, si realmente se accede o no al contrato, eso está realmente por verse”.
Además, la dirigenta ambientalista y ex candidata presidencial, subrayó que es necesario recordar el tremendo impacto en la cuenca del río Maipo que esta intervención llevaría a cabo.
En esa línea, la líder de Chile Sustentable indicó que ”se debe entender que es un proyecto que introduce en un tubo de 70 kilómetros los ríos volcán, yeso y colorado y por lo tanto eso obviamente deja prácticamente sin caudal el río Maipo, lo que es una mega intervención sobre la cuenca del río Maipo, lo que va a implicar desertificación. La empresa y el Gobierno están enfrentando juicio para anular el derecho público que han puesto siete de las asociaciones de canales que riegan con las aguas del río Maipo, es decir, este proyecto está lleno de conflictos”.
Sara Larraín explicó que luego de la presentación, los consejeros deben emitir una resolución la que podría demorarse hasta una semana en ser determinada, mientras que posterior a eso, el abogado Rodrigo Weisner, dijo que tendrá la palabra la Corte de Apelaciones.
Fuente: http://radio.uchile.cl
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